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A Alberto Carrasquilla le dirán hasta el último de sus días que fue él quien se robó la plata que iba para las obras de acueducto de las zonas más pobres de Colombia. Y los detalles los recordarán en un par de líneas: que siendo Ministro de Hacienda impulsó una ley con la cual, ya retirado del gobierno, pudo endeudar a más de cien municipios a unas altísimas tasas de interés que terminaron por asfixiar las finanzas públicas de estos, mientras él se echaba al bolsillo setenta mil millones de pesos.

Esta es al menos la caricatura que pintó Daniel Coronell en su columna del domingo pasado en Semana , y que desde su primera frase auguraba escandalo: “Una empresa panameña de la que es socio el Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla fue piedra angular de un negocio que lo enriqueció a él y empobreció a 117 municipios de Colombia”. La columna traza un arco fantástico en el que Carrasquilla hace las veces de villano, y en el que confluyen una reforma constitucional, una empresa misteriosa envuelta en el escándalo de los Panama Papers, unos instrumentos financieros altamente tóxicos, y unas obras de infraestructura que nunca se inauguraron. Coronell es un periodista serio y responsable, y bueno, si él dice que Carrasquilla se robó una plata pues será que se la robo.

El problema es que Coronell no dice que el ministro se robó la plata. Si, el texto está escrito de tal manera que cualquiera llega a esa conclusión, sin embargo cuando él mismo nos lee su columna en un video, nos enteramos que su intención es otra: “Esta columna es un cuestionamiento más ético, más desde el punto de vista de la ética pública, que de la legalidad.” Este es un punto al que vuelve sobre el video una y otra vez, particularmente al final cuando pasa a responder preguntas de sus seguidores en la red.

Si Coronell hubiera querido ser más exacto (por no decir más honesto) y menos sensacionalista, se hubiera podido apegar a los hechos:

1) A finales de 2007, nueve meses después de que Carrasquilla dejara la cartera, el Congreso aprobó la ley 1176 para modificar el Sistema General de Participación (SGP) que le permitía a los entes territoriales comprometer los recursos que van a recibir en el futuro por parte de la Nación para respaldar préstamos y así ejecutar obras de infraestructura que no podían financiarse con el presupuesto de un solo año.

2) Para mediados de 2009 salía al mercado la primera emisión de Bonos Agua, que captaba recursos de inversionistas (principalmente fondos de pensiones) y estos eran destinados a los municipios, los cuales honraban la deuda con lo que giraba la nación mediante el SGP . La emisión del bono estaba a cargo del Grupo Financiero de Infraestructura, la Alianza Fiduciaria hacía de vocero, Corredores Asociados estructuraba y era agente colocador, la asesoría legal venía de Gómez-Pinzón Zuleta, la calificación del bono la hacía BRC Investor Services, y Konfigura – la misteriosa empresa de Carrasquilla en Panamá – asesoraba.

La ley que impulsó Carrasquilla no fue la 1176 sino el acto legislativo 04 de 2007, que aumentaba en términos reales los recursos del SGP y enfatizaba su carácter social, pero para facilitar el cuestionamiento ético que le preocupa a Coronell supongamos que las dos leyes caen más o menos en el mismo costal. La pregunta es entonces: ¿Es reprochable que un ex-funcionario del gobierno ofrezca consultorías a empresas privadas sobre temas en los que trabajó mientras era empleado público? Esta es una pregunta importante pero que está lejos del circo mediático que se armó a partir de la columna de Coronell.

Estructurar y emitir un bono es más fácil que, digamos, diseñar y construir una hidroeléctrica. Aun así, es un proceso que requiere de un pequeño ejército de abogados, economistas, banqueros, corredores y contadores. Desde quienes diseñan el funcionamiento técnico del bono, pasando por quienes preparan el material de mercadeo, hasta los reguladores en la Super-Financiera, son muchas las personas a lo largo de varias firmas y organizaciones las que tienen que trabajar para su emisión.

Pero la narración de Coronell nos hace pensar que tal vez todo es un poco más simple, tal vez más frágil, y sin ofrecer explicaciones se nos dice que su empresa es la “piedra angular” del negocio. ¿Por qué?¿Acaso sin la asesoría de Carrasquilla los bonos no hubiera sido emitidos?¿Por qué en la columna no se menciona a los actores más relevantes de la historia, como al emisor del bono, o al colocador?

Los municipios se endeudaron tanto usando los dichosos bonos que al gobierno nacional le toco intervenir en el 2014, recomprándolos con descuento a los tenedores y convirtiéndose en contraparte de la deuda. Sobre este punto Coronell se limita a hacerle eco a lo que Robledo ha dicho desde el Senado: que la causa de la crisis se debió a la estructura misma del instrumento de deuda (léase la tasa de interés, y la imposibilidad de hacer prepagos), y por ley transitiva, la crisis se debió a Carrasquilla. Pero ¿por qué algunos municipios sí lograron terminar las obras y otros no?¿Dónde estaban los auditores de los proyectos?¿Por qué el mercado terminó exigiendo tasas tan altas?¿Y cómo terminó calculando Robledo que Carrasquilla se robó setenta mil millones? Nada de esto se discute, y así pues, un fenómeno económico complejo en el que participaron múltiples agentes y cuyos intereses apuntaban en todas las direcciones, queda reducido a una historia de conexiones vagas y con tufillo a vendetta política.

La realidad suele ser más complicada que un par de líneas rectas conectando tres puntos y por lo tanto es difícil resumirla en un par de frases. Lo de los Bonos Agua es una historia mucho más compleja de lo que nos quiere hacer creer Coronell pero posiblemente no tiene un villano que podamos identificar tan fácilmente. Más sencillo será recordar que Carrasquilla se robó el dinero. Y repetírnoslo una y otra vez, hasta el último de nuestros días.