El Origen de la Violencia: ¿Pobreza, Desigualdad, o Debilidad de la Justicia?

Recorriendo la bibliografía sobre la violencia en Colombia fue que encontré el reporte de la Comisión de Estudios sobre la Violencia (CEV) de 1987, del cual escribí hace un par de días. El planteamiento de la CEV es general y vago, favoreciendo un marco de múltiples intepretaciones en el que, básicamente, cualquier cosa que uno diga sobre el fenómeno termina siendo cierta.

Si un par de académicos no buscan respaldo empírico a sus tesis, y uno afirma que la causa de la violencia es la corrupción y el otro asegura que es un asunto de educación, ambos tendrán de alguna manera razón bajo la óptica de la CEV, porque siempre será posible conectar con una serie de pasos argumentativos la corrupción y la educación con fenómenos que sean interpretados como violentos. Esto, de cierta manera, es poco útil y algo trivial. Lo que resulta fundamental es establecer entre esas dos variables cuál de ellas tiene más poder para explicar, por ejemplo, el número de homicidios. Solo cuando se logra desempatar el orden de importancia entre la una y la otra es que tiene sentido estructurar una narrativa con la que se interpreten los resultados.

Si aún no lo has hecho, tal vez quieras leer mi entrada anterior, La Comisión de Estudios Sobre la Violencia – Una Teoría Popular (Pero Equivocada), donde reflexiono sobre la CEV y su legado.

Llegaron los economistas

En la década de los 90, los economistas colombianos finalmente se metieron en la tarea de estudiar el fenómeno de la violencia. Y digo “finalmente”, porque en otros países estos ya habían empezado a meterse desde antes en un campo que había estado tradicionalmente reservado para los sociólogos, antropólogos y psicólogos. Fue Gary Becker, premio Nobel de Economía, quién en 1968 propuso una mirada al asunto de de la violencia desde la perspectiva del análisis de decisiones. A partir de ahí, los economistas encontraron un territorio intelectual, virgen y fértil, perfecto para domar con sus modelos econométricos y sus regresiones lineales. (A los sociólogos, antropólogos, y psicólogos esta irrupción en su terruño no les pareció ni cinco de divertida. No los culpo. Es difícil amar a los economistas.)

Los nuevos violentólogos colombianos favorecieron los estudios empírcos, basados en números duros, y uno de sus principales retos fue lidiar con la escasez de datos confiables. En muchos casos el problema es el subregistro de los delitos, que puede llevar a conclusiones equivocadas. Por ejemplo, en el Medellín de Pablo Escobar de los años 90 el número de homicidios se disparó a casi 6 mil al año, pero paradójicamente el número de denuncias del resto de delitos cayó. Algunos académicos interpretaron que los paisas habían descubierto que matar les daba placer, y ahora lo hacían por cualquier motivo (¿tal vez por la cultura violenta de la que hablé en una entrada anterior?), en lugar de darse cuenta que en una ciudad que estaba en pie de guerra, la gente estaba tan intimidada que prefería no denunciar los delitos más comunes. ¿Qué chance había de que la policía atrapara al ladrón de un televisor, cuando al mismo tiempo tenía a Escobar encima de ellos, ofreciendo un millón de pesos por cada policía asesinado?

El otro problema de trabajar con datos de violencia es que incorporan las definiciones legales que son arbitrarias y susceptibles a cambiar con el tiempo. El Código Penal cambió la definición de lesiones personales en 1980 y 1987, lo que hizo que alguien que estudiara solamente los números reportados por la Policía vieran un descenso artificial de este delito.

El número de homicidios es posiblemente el indicador que tiene menos ruido, a la vez que es un buen proxy de la violencia en general. Es el indicador que yo he usado en mis propios análisis, en los que he estudiado las tendencias de los homicidios a nivel nacional a lo largo del tiempo, y su descomposición entre aquellos que son asociados al conflicto y los que no. Estoy trabajando ahora en hacer lo mismo pero a nivel local, enfocándome en ciertos municipios y departamentos neurálgicos.

En vez de estudiar la evolución a lo largo del tiempo, muchos investigadores han hecho lo que se llama “análisis de corte transversal”, en los que buscan encontrar la relación entre una variable de interés – por ejemplo los homicidios en cada departamento – y otra que pueda explicarla – por ejemplo el grado de cobertura de la educación primaria. Este tipo de estudios tienen toda suerte de limitaciones (suelen asumir una dependencia lineal, generalmente univariada, y no se puede inferir la direccionalidad de la asociación), sin embargo son un buen punto de partida para profundizar en cuáles son las posibles causas de un fenómeno. De las docenas de posibles variables explicativas de la violencia en Colombia, hay tres que resultan particularmente interesantes.

Contra la sabiduría popular

La pobreza – medida por ejemplo mediante el PIB real departamental per cápita, o la tasa de crecimiento del PIB, o el aumento del grado de necesidades básicas insatisfechas, o la tasa de mortalidad infantil – no es la causa de la violencia en Colombia. Esta es la conclusión de una larga serie de estudios estadísticos que, en conjunto, han observado incluso lo contrario: la expansión de la riqueza regional antecede el aumento de la criminalidad. Aunque anti-intuitivo, este resultado empírico es coherente con la dinámica bélica que prevalece en Colombia, en la que el objetivo de un conjunto de agentes criminales es la extracción de la riqueza y la financiación de sus ejércitos. Allá donde hay coca, amapola, esmeraldas, oro y petróleo, es donde las guerrillas y los paras y las Bacrim se asientan y desatan el horror.

No es fácil digerir este resultado, porque choca contra la sensibilidad que seguramente muchos tenemos respecto a dos tragedias que desde la orilla parecen entremezclarse. Por ejemplo, un amigo en Facebook escribía lo siguiente en su muro: “La paz no solo es que no se eche bala, sino que no hayan doce o trece millones de campesinos pobres”. ¿Alguien se atreve a refutarlo? ¿Acaso no nos parece terrible que hayan millones de campesinos pobres? Pero el problema de esta afirmación, que parece sacada del libreto de la CEV, es que nos hace confundir dos fenómenos terribles, que empíricamente se han demostrado independientes (o cuya dependencia incluso va en el sentido contrario de lo que se espera), colapsándolos bajo la misma definición.

La paz es la ausencia de la violencia, pero por violencia tenemos que entender un grupo muy específico de acciones que son las que queremos eliminar: los homicidios, los desplazamientos, las desapariciones, las amenazas, las lesiones personales. La pobreza es una tragedia en si misma, una a la que debemos buscarle soluciones, pero no ganamos nada metiéndola en el mismo costal de la violencia si sabemos que ambas obedecen a dinámicas diferentes. 

Otra variable es la que el Sr Petro invocaba en la campaña presidencial de 2018 como causante fundamental de la violencia: la desigualdad. Sobre este punto he encontrado material que apunta en todas las direcciones y necesitaré un poco más de tiempo antes de tener total claridad al respecto. Por una parte, he encontrado varios estudios hechos en Colombia que han reportado una asociación nula entre violencia y desigualdad – medida por ejemplo mediante el coeficiente de Gini a nivel departamental. Pero también he leído estudios que han establecido que en efecto si hay evidencia estadística entre desigualdad y homicidios en Colombia, aunque a estos se les han señalado errores metodológicos que hacen cuestionar sus resultados. A nivel internacional se han hecho estudios entre ciertas formas de violencia y la concentración de la riqueza que indican la presencia de una relación positiva y significativa entre ambas. Sin embargo, cuando se transportan esos modelos a Colombia la asociación se desvanece y apenas si logra explicar una fracción de la violencia.

Colombia no es uno de los países más pobres del mundo, pero definitivamente es uno de los más inequitativos. Esta combinación de alta violencia y alta desigualdad la comparten también Sudáfrica, Brasil y en menor grado México, tres de los países que, junto con Colombia, se caracterizan por sus altísimos índices de homicidios. (El quinto país con inusual violencia, Venezuela, mostraba hasta 2011 datos de desigualdad mucho menor a los otros, pero necesito encontrar cifras más recientes.) Que estos países sean desiguales y violentos lo hace a uno pensar que tal vez si haya alguna relación entre esas variables, pero la asociación tal vez no es tan transparente como algunos quieren creer. Por ejemplo, Chile tiene tasas de desigualdad casi tan altas como las de Colombia, pero una tasa de homicidios que es incluso inferior a la del promedio mundial. De cualquier modo, no parece que haya consenso como para afirmar tan tajantemente que “la violencia es el producto de la desigualdad social y que por tanto la equidad social es la base de la paz”.

La desigualdad es una de las mayores tensiones sociales que reconocemos en nuestros tiempos, y una que Colombia está en deuda por resolver. Un discurso basado en la redistribución de los ingresos, para que seamos una sociedad un poco más equitativa, no necesita apalancarse con otros problemas. Pero nuestros políticos, como el Sr Petro, en su afán de articular grandes narrativas con las que explican el país, meten a la fuerza fenómenos que no tienen que ver el uno con el otro. La violencia, y la desigualdad, y la pobreza son tres problemas diferentes, no uno solo.

La debilidad de la justicia

El resultado más interesante que he encontrado hasta el momento en cuanto a las causas de la violencia ha sido uno que fue establecido en los 90 por Armando Montenegro y Carlos Esteban Posada, y que ha sido verificado y profundizado por varios investigadores desde aquel entonces: la debilidad del aparato judicial si explica la violencia en Colombia. El estudio original usaba la tasa de personas llamadas a juicio por homicidio como proxy del grado de eficiencia de la justicia, pero en análisis posteriores se incluyeron otras características relevantes al sistema de justicia que iban más allá de las tasas de impunidad.

El problema de la justicia en Colombia es estructural y cobija todo el sistema y todas las partes con las que interactúa: La justicia civil, penal, administrativa, laboral; la Contraloría, la Procuraduría, y la Fiscalía; Medicina Legal, el INPEC, la Policía, y las Fuerzas Militares; el sistema de notariado y registro, el sistema de otorgamiento de licencias, y el encargado de controlar el contrabando; las autoridades urbanísticas y las de transito. De punta a punta, la esclerosis de todo el aparato ha impedido que se pueda administrar e impartir justicia, y que se puedan hacer respetar los derechos de las personas y las comunidades. Su ineficiencia se siente desde las dificultades que tiene una víctima en poner una denuncia en la estación de Policía, pasando por la franca ineptitud del servicio penitenciario al que se le vuelan los reos en una cita odontológica, hasta llegar a la incapacidad de procesar eficientemente a los grandes criminales del país.

El crecimiento económico del país no contó con una evolución similar de estructuras judiciales que permitieran garantizar una expansión sostenida y ordenada, y lo que generó fue una situación en la que los más fuertes tenían la prerrogativa de saquear la riqueza o administrar la justicia por si mismos. Y en todo esto, el narcotráfico entró al país sin encontrar un dique que lo pudiera contener. Casi cuarenta años después, la justicia colombiana aún no se repone del reto que trajeron los carteles, y con su ritmo paquidérmico va diez pasos detrás de las sofisticadas empresas criminales, que aún esperan la llegada de un contrincante que esté a su altura.

No se necesita de mucha ciencia para reconocer que la justicia en Colombia tiene graves problemas, sin embargo si que es relevante descubrir el papel que juega en la alta violencia que padecemos. Las conclusiones de estos estudios sugieren por donde es que debemos buscar los avances para contener el flagelo de la violencia, y esto no es poca cosa, especialmente en un asunto en el que abundan las pasiones y los sofismas que confunden a todos.

No podemos esperar a que Colombia salga de la pobreza, o resolver el problema de la desigualdad para esperar que la violencia disminuya. Tampoco podemos quedarnos cruzados de brazos, lamentándonos de una supuesta cultura que tolera los homicidios. La tarea de reformar la justicia para hacerle frente a la violencia es una tarea titánica, pero en la búsqueda de la paz de la que tanto se habla, esta es una que por lo menos promete hacer avances decididos y en la dirección correcta.

Esta es la octava entrada en mi serie sobre Violencia en Colombia:

  1. La semilla de la duda: El impacto del acuerdo con las FARC en la violencia de Colombia
  2. Predecir la Tragedia: Pronósticos de la Violencia en Colombia
  3. El Acuerdo de “Paz” que no trae la Paz
  4. Dos terroristas hablan en un bar
  5. Si Colombia Fuera un País Normal
  6. Compadre mata al Compadre
  7. La Comision de Estudios Sobre la Violencia – Una Teoria Popular (Pero Equivocada)
  8. El Origen de la Violencia: ¿Pobreza, Desigualdad, o Debilidad de la Justicia?

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